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No ha sido poco lo que le ha caído al pueblo de Puerto Rico en los últimos cinco años, ni limitada su capacidad de respuesta. Se sucedieron en este quinquenio la imposición de una junta proconsular en 2016, dos huracanes devastadores en septiembre de 2017, y la profunda decepción y frustración que provocó una sublevación popular que forzó la renuncia del gobernador colonial en el verano de 2019. A eso añádasele los terremotos centrados en el sursuroeste de la Isla desde fines de 2019 y la paralización del archipiélago con la pandemia mundial en lo que va de este terrible 2020. Todo ello ha provocado reacciones diversas en una población experta en combatir la marginación y el colonialismo de formas diversas y sobrevivir en el intento.
Hay una tentación de ver la experiencia contemporánea de nuestros países caribeños desde esta óptica episódica; es decir, a partir de los sucesos más visibles e impactantes. Esto puede oscurecer, sin embargo, la concatenación de estos eventos con los procesos que antecedieron y atraviesan esas coyunturas, y que han terminado provocando enormes rupturas. Puerto Rico, es nuestra argumentación, se está trasformando de forma importante.
El rasgo más significativo de esta metamorfosis es la solidaridad social interna que atraviesa en el país las diferencias sobre el llamado «estatus político», —o sea, la relación jurídico-política con los Estados Unidos. Argumentamos aquí que existe hoy, en medio de tanta adversidad, una conciencia mayor de que nos tenemos unos a otros como nación, de que la solidaridad no es una palabra hueca. De ahí puede salir algo nuevo, mejor, renovado.
A medida que la precepción de crisis se agudiza, la sociedad va perdiendo la confianza en los procesos electorales mientras se da cuenta de que la acción social conjunta parece su más segura carta de sobrevivencia. El ánimo de colaborar desde las comunidades se fortalece, a pesar de que los casos de corrupción, legal e ilegal, a nivel gubernamental se suceden de forma pasmosamente predecibles. Ante cada crisis, los empresarios asociados a los partidos de gobierno, o al gobierno federal estadounidense, encuentran novedosas formas de lucrar por los desastres.
El caso más reciente en Puerto Rico es especialmente dramático: hace semanas se descubrió un esquema de corrupción según el cual empresarios asociados al gobernante Partido Nuevo Progresista (P.N.P.) obtendrían millones de ganancias inflando el precio de las pruebas para detectar el COVID 19 entre la población. Podrían surgir incluso acusaciones criminales sobre este caso. Uno de los participantes de la sórdida movida le escribió a otro: «El virus fue productivo».[1] Nada escapa a la lógica del mercado cuando de decisiones de contratación gubernamental se trata, ni siquiera una escalofriante pandemia que nos mantiene, a muchos, reclusos en nuestros hogares.
Varios procesos simultáneos
Diversos procesos subyacen lo ocurrido, como ya hemos comenzado a observar. Se añade a estos el agotamiento exponencial, durante los últimos cincuenta años, del modelo de crecimiento económico. Con el fin de los incentivos principales a la manufactura, se ha producido un estancamiento y contracción de la economía. Según datos provistos por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AaFaF), la Oficina de Control Fiscal de Puerto Rico, el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico se ha reducido en un 20.8% entre 2006 y 2019. Puerto Rico ha vivido un cierto tipo de «período especial» que ha disparado, como ocurrió con otro periodo especial, la emigración.
Como se puede observar, la guerra fría no ha pasado en vano en este archipiélago del Caribe. Ahora ya no han estado disponibles varias de las exenciones contributivas a la manufactura estadounidense que se localiza en Puerto Rico. Un presidente de EE.UU. como Donald Trump cree que se beneficia ante su base política cada vez que le niega recursos económicos a la Isla. Estamos en terreno inédito; nunca que se recuerde Puerto Rico había tenido al mando del gobierno metropolitano a un presidente ensañado contra la población de su principal posesión colonial.
Con menos empleos no hay otra que utilizar, dice un segmento de la población, «la visa [o el pasaporte] para un sueño». Ahora el despoblamiento –que ha reducido los habitantes de Puerto Rico a tres millones doscientos mil–, ya no es estrategia gubernamental sino el resultado de una economía que no provee oportunidades. La llamada diáspora boricua en Estados Unidos ya sobrepasa los cinco millones de personas, la mayor parte que se identifican allá como boricuas. Sin su apoyo, las crisis humanitarias de los huracanes y los terremotos hubieran sido más duras.
La imposición de la llamada Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en 2016, mediante una ley congresional paradójicamente llamada PROMESA, ha sido extensa e intensamente debatida públicamente y estudiada en medios intelectuales y académicos.[2] Baste señalar aquí que el agotamiento del modelo de crecimiento desde fines de siglo, —agudizado por la recesión económica a partir de 2006—, llevó a la emisión de deuda pública para sufragar presupuestos deficitarios formulados por los dos partidos que se han alternado en el gobierno desde 1968.
Ante el colapso de la capacidad prestataria del gobierno hasta un nivel «chatarra», la elite gobernante insular intentó colocar al llamado Estado Libre Asociado bajo una condición de quiebra. «La deuda es impagable —aceptó el Gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla— que no es cuestión de política sino de matemática».[3] Pero poder renegociar la deuda tenía un precio exigido por el Gobierno Federal de EE.UU.: había que recortar aún más la llamada autonomía del «Estado Libre Asociado».
De ahí el nombramiento en 2016 de una junta proconsular por el gobierno de Barack Obama y la legislatura estadounidense. Para asegurar el pago a los acreedores, se produjo un extraño bipartidismo en Estados Unidos en el que prevaleció la noción de que el control directo sobre las finanzas del gobierno territorial era inevitable. Se atosigó así a los líderes máximos de los dos partidos del poder local en Puerto Rico, una entidad no electa con autoridad de controlar los presupuestos para imponer un régimen de austeridad al «territorio».
El precio de la imposición de esa junta ha sido alto. A la Universidad de Puerto Rico, para dar solo un ejemplo, se le recortó el presupuesto en estos años en cerca de trescientos millones. Recientemente se les redujo drásticamente el sistema de pensiones a los profesores jóvenes del sistema de tal forma que dejara de ser atractiva la incorporación de nuevos académicos. Ya la profesión universitaria no garantizará un retiro para una vida mínimamente tolerable. El golpe a la principal universidad pública ha sido tan fuerte que sectores liberales del Congreso, como el representante Raúl Grijalva, demócrata por Arizona, ha sometido legislación recientemente para reestablecer el presupuesto arrebatado a la UPR. Todo ello ha puesto en peligro uno de los proyectos sociales más exitosos de la modernidad capitalista en Puerto Rico.
«… allá viene el temporal»
Poco más de un año después, en septiembre de 2017, experimentamos dos huracanes consecutivos: Irma y María, el segundo tan intenso como ninguno nos había azotado directamente desde el siglo pasado. María arrasó con la red de energía eléctrica y los suministros de agua potable. La mayor parte del país permaneció sin electricidad por semanas, buena parte por meses y algunos sectores por casi un año, con el consiguiente atraso en los suministros de agua y los problemas de salud de aquellos que requerían electricidad para tratamientos especiales. La acumulación de lluvias produjo inundaciones, desprendimientos y pérdidas de vivienda con efectos tan perdurables como refugiados por más de un año y residencias sin techo hasta el presente.
Alguien dijo y mucho se ha repetido: los fenómenos atmosféricos son sucesos naturales, pero los desastres no son «naturales»; las más de las veces son humanos. Los fenómenos de la naturaleza eran y son fenómenos a veces correctivos, otras renovadores, y siempre recordatorios de fuerzas dentro y en la superficie de un planeta en permanente estado de cambio. En el caso de los huracanes, los desastres son producto de las políticas de urbanización desaforada, de la deforestación, del desafío al curso de los ríos. Son también un recordatorio de que el cambio climático no es una invención lunática sino una comprobada realidad científica que va a afectar desigualmente a los países pobres sin capacidad de respuesta después de los hechos.
Nuestra (muy latinoamericana) «crisis de la deuda» sinceró el agotamiento del modelo económico, pero los huracanes también develaron –además de la capa vegetal que cubre al archipiélago—, el resto de los procesos subyacentes. La quiebra económica y política se reveló de inmediato en el colapso de los suministros de energía eléctrica, de agua potable y de la pobre distribución de alimentos y medicinas. El lentísimo y tenebroso esfuerzo para restablecerlos evidenció la ineptitud y la corrupción, legal e ilegal, reinantes en el país.
El aumento de la desigualdad socioeconómica se transparentó dramáticamente: los pobres y grupos medios asalariados fueron los más que sufrieron las inundaciones, la destrucción de sus casas y los árboles caídos sobre sus techos. Ellos y ellas pagaron las consecuencias de la imprevisión, la violación de las normas más elementales de planificación y la negación del calentamiento global que acentúa el efecto de estos acontecimientos. Todos estos a su vez siguen siendo producto de la avaricia y la insensibilidad de las ricos y de políticas corruptas cuya irresponsabilidad aquellos compran impunemente.
Nada desencarnó, sin embargo, los procesos subyacentes, nada, como la emigración y el deterioro de las relaciones con la metrópolis. Ello es paradójico porque, al otro lado de la ecuación, hay una realidad innegable: las islas se han ido despoblando como resultado de un conjunto de políticas públicas del gobierno estadounidense y una cierta incapacidad del gobierno de Puerto Rico de adaptarse al nuevo contexto internacional. Una economía paralizada expulsa la población de formas pocas veces vista y la emigración masiva se constituye también, de un modo extraño, en otra forma de protesta.
Mientras muchos dijeron «yo no me quito»[4] y han hecho del permanecer un acto de terca rebeldía, para otros la salida facilitada por la ciudadanía estadounidense se transforma en un «yo sí me quito» que también es una forma de impugnar el orden colonial existente. Ambas conductas, quedarse o irse a formar parte de la diáspora, en ambos casos para ayudar a Puerto Rico («yo no me olvido»), forman parte de una compleja estrategia de resistencia, como propone Frances Negrón Muntaner en sus escritos recientes.[5]
Cerca de medio millón de puertorriqueños ha emigrado en la última década. Esta emigración del siglo XXI ya ha sobrepasado a la llamada gran migración de mediados del siglo XX. Esta segunda fue auspiciada por el gobierno insular mientras que éste se muestra incapaz de evitar la más reciente.
La emigración post-María, —ahora centrada principalmente en la zona central del estado de Florida, aceleró la tendencia a que la población puertorriqueña en Estados Unidos sobrepasara a los que nos quedamos en el archipiélago. La solidaridad social y la emigración, como hemos dicho, se han convertido en estrategias de resistencia frente a la doctrina de «shock» que pretende reorganizar la vida desde una perspectiva neoliberal. Ese boricua forzado a emigrar es ahora también un recurso de solidaridad (“yo no me olvido”).
Esta emigración forzosa de cientos de miles, alcanzó esta vez a los sectores más vulnerables de la supuesta «clase media». Por otra parte, el desprecio de Donald Trump y los «trumpistas» por los inmigrantes y latinoamericanos en general se reveló visualmente en las escenas de su renuente visita a Puerto Rico. Después de arrastrar los pies para reconocer la magnitud del desastre, Trump la trivializó tirándole «papel toalla» al puñado de los que seleccionaron para vitorearle, quienes lo hicieron … La lentitud y condiciones en implementar y desembolsar las ayudas hizo aún más claro que la metrópolis no confía en las elites gobernantes puertorriqueñas actuales y su prioridad no es atender una población mulata y pobre en el Caribe.
Lo que «botó la bola» ante la sensibilidad de nuestro pueblo fue, sin embargo, la terquedad del gobierno encabezado por Ricardo Roselló –apoyado previsiblemente por Trump y sus secuaces— al negar las muertes causadas por los fenómenos y las secuelas reseñadas. A pesar de apabullante información gráfica y testimonial, y después de casi un año insistiendo en que los fallecimientos no llegaban a un centenar, estudios académicos y del periodismo investigativo de Puerto Rico obligó a la elite gobernante a aceptar la escalofriante suma de alrededor de 4 625 decesos.[6]
Lo que hizo el desastre algo menor y hasta esperanzador fue la generosa e inventiva respuesta del pueblo puertorriqueño, aquí y en Estados Unidos. Dentro de esa respuesta multiforme y variada, se destaca el fortalecimiento y surgimiento de proyectos populares de autogestión y de resistencia abierta o subterránea al régimen de poder prevaleciente. La indignación y repudio de la sociedad a todo lo antes resumido se hicieron visibles, sin embargo, casi dos años después en la sublevación popular del verano de 2019.
El verano boricua de 2019
El verano boricua fue un evento único que forma parte de un proceso de largo alcance de apoderamiento ciudadano, intentando salir de diversos modos de entrampamiento colonial. Se ha sugerido que, por su diversidad y creatividad[7], el movimiento que logró sacar al Gobernador de Puerto Rico de su posición electiva constituye un modelo de acción ciudadana, mientras otros destacan su carácter no violento. Su tangencia con el discurso internacional de los derechos humanos y por una democracia más participativa es, sin embargo, innegable.
Lo ocurrido en Puerto Rico en este periodo forma parte el movimiento internacional a favor de los derechos humanos y su foco en la defensa de la dignidad. Tal protección, objeto central de la disputa por los derechos humanos, es, en el criterio del renombrado intelectual alemán Jürgen Habermas, un sismógrafo esencial que capta la existencia de múltiples violaciones al esfuerzo continuo por el desarrollo pleno de la personalidad humana:
De ahí que la experiencia de violaciones a la dignidad humana haya desempeñado en muchos casos, y pueda desempeñar aún, una función creativa: ya sea ante las insoportables condiciones de vida y la marginación de las clases sociales empobrecidas; o ante el trato desigual a hombres y mujeres en el lugar de trabajo, o la discriminación de extranjeros y minorías raciales, religiosas, lingüísticas o culturales; o también ante la terrible experiencia de mujeres jóvenes provenientes de familias inmigrantes que tienen que liberarse ellas mismas de la violencia de códigos de honor tradicionales; o, por último, ante la brutal expulsión de inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo. A la luz de tales retos históricos específicos, diferentes aspectos del significado de la dignidad humana surgen desde la plétora de experiencias de lo que significa ser humillado y herido profundamente.[8]
En el Puerto Rico del verano ocurrió que los ataques a la dignidad provenientes de un sector del poder gubernamental generaron una respuesta social formidable. Aconteció lo que ya para algunos parecía improbable: un movimiento plural gigante y solidario adornado por miles de banderas de Puerto Rico en un contexto masivo de voces y reclamos.[9] Como ha nos ha advertido Boaventura de Sousa Santos parece haber espacio para reclamos de derechos humanos «concebidos como principio y práctica contrahegemónicos […] que pueden contribuir a reforzar la autonomía y la autodeterminación de los pueblos».[10]
El investigador puertorriqueño Félix Córdova Iturregui lo ha descrito bien:
La movilización de este verano ha sido única en nuestra historia. Su sacudida sacó un gobernador de su silla. Para lograrlo puso en movimiento algo más fuerte que una elección organizada en los moldes de la colonia. Hubo una acción directa de pueblo, ocupando las calles, desbordando las calles, de día y de noche, creando nuevos escenarios de acción, con una voz enorme, pero repartida y al mismo tiempo unánime en sus dos reclamos principales: Ricky renuncia y llévate a la Junta.[11]
Fue montado en este criterio de la defensa de la dignidad humana así entendido que se disparó una poderosa respuesta social. Al incorporarse demandas de justicia social en las protestas del llamado “verano boricua”, este movimiento de derechos humanos se ocupó de otorgarle centralidad a la justicia social como elemento clave del disfrute real de los derechos humanos. Su efecto transnacional fue también innegable provocando una solidaridad continua de la amplia comunidad de puertorriqueños residentes en Estados Unidos.[12]
El detonante inmediato y su contexto
Esta explosión social tuvo un detonante inmediato y una serie de eventos que, coincidiendo en el tiempo, crearon una situación insostenible para el Gobernador y su centro de apoyo más cercano. Al igual que a fines del siglo pasado con la isla puertorriqueña de Vieques, cuando la muerte accidental de David Sanes, producida por los ejercicios militares de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, provocó un estremecimiento, aquí también hubo un evento que marcó un antes y un después.
El 8 de julio se comenzó a dar a conocer un «chat» (conversación digital) confidencial entre el Gobernador y su grupo de colaboradores varones más cercanos y de mayor confianza. Su publicación minó para siempre la confianza entre el gobernante y los gobernados. Como señala el Dr. Raúl Cotto Serrano, esa conversación entre el gobernador y su círculo íntimo fue la gota que colmó la copa de la población y fue también la que ayudó a darle un color despreciable a la gestión del gobierno en su conjunto.
Semanas antes, el 24 de junio, la prensa informaba que el Secretario de Hacienda y principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado, había denunciado la existencia de «una mafia» en la propia agencia administrativa que él dirigía y que estaba dedicada a diversas formas de corrupción. Días después la prensa informaba también sobre la radicación de cargos criminales federales contra dos oficiales de alto rango y otros cuatro acusados. Las dos funcionarias estaban a cargo de las agencias de mayor presupuesto e impacto social: la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, y la exsecretaria de Educación, Julia Keleher. Un gran jurado federal las «acusó por conspiración para cometer fraude, robo, fraude electrónico, conspiración para incurrir en lavado de dinero y lavado de dinero».[13]
El Gobernador había invertido mucho capital político en defender la figura de la secretaria de educación Keleher, aunque la funcionaria tenía niveles de desaprobación popular muy altos en encuestas de opinión. Keleher había ordenado cerrar de forma permanente, y algo atropellada, gran cantidad de escuelas en comunidades pobres. La exorbitante compensación de $250 000 que recibía y su modo de proceder arrogante provocaron, además, múltiples pedidos públicos para que el Gobernador la despidiera de su puesto. Este resistió, sin embargo, la presión ciudadana; Keleher renunció, finalmente, cuando ya se sabía que pesaban contra ella las acusaciones criminales federales ya aludidas.
Este chat confidencial se realizó por medio del programa de comunicación Telegram debido a un escándalo anterior del propio Gobierno de Rosselló utilizando la plataforma digital Whatsapp. Fue gracias al periodismo independiente e instituciones como el Centro de Periodismo Investigativo que se pudo conocer el contenido del chat.[14] Una de las acciones más objetables del chat fue la broma relacionada al tema de los muertos del huracán María. El sufrimiento de miles de familias se convertía en el referido chat en objeto de burla. Pocas expresiones generaron tanto malestar como las referencias cínicas sobre los muertos del huracán María: «En el chat que mantiene en jaque al gobernador, Sobrino, uno de sus asesores principales, intervino cuando discutían el retraso en el Negociado de Ciencias Forenses. “¿No tenemos algún cadáver para alimentar a nuestros cuervos?”».[15]
En vez de una conclusión: La excepción, la regla y la promesa
De esta forma atropellada llega el 2020 electoral en Puerto Rico. Prevalece una gran incertidumbre sobre las elecciones en tiempos de pandemia. Ello es tan así que sólo en agosto próximo se conocerá quienes serán los candidatos de cada partido. Las elecciones deciden quién administra un presupuesto consolidado de cerca de veinticinco mil (25 000) millones de dólares. No es poca cosa y genera disputas y estrategias de alto voltaje entre quienes viven de la política y quienes dependen de sus decisiones.
Algunos expertos en conducta electoral pronostican que la movilización del verano boricua no se reflejará en el apoyo a movimientos contestatarios sino en una continua apatía electoral. Este es un ciclo en el que le correspondería ganar las elecciones al Partido Popular Democrático (PPD) dentro de la lógica de bipartidismo cerrado que impera en Puerto Rico. El PPD, sin embargo, es un partido muy golpeado por la hostilidad federal hacia la entelequia colonial del Estado Libre Asociado (ELA) y cualquier reclamo de gobierno propio que surja de ahí. Tampoco les ayudan sus propios actos de corrupción y la falta de un liderato fuerte que le dé un nuevo contenido al «autonomismo» en el siglo XXI.
Por otro lado, han surgido organizaciones nuevas, como el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Proyecto Dignidad, que son cartas nuevas sobre el tablero. Tampoco se conoce todavía quien será el candidato o candidata del partido de gobierno. A eso añádale la celebración de un plebiscito estadidad sí o no para capturar el apoyo del medio millón de votantes que apoya la integración federal de Puerto Rico. El Partido Independentista Puertorriqueño mantiene un alto perfil en la discusión pública y tiene un líder fuerte al frente de su insignia. Predecir resultados electorales en un contexto así es muy difícil.
Para colmo, los boricuas comienzan a abandonar las urnas que, en su momento fueron una medida de su «vocación democrática» dentro del entramado colonial. Ya Puerto Rico no es una de las jurisdicciones de más alta votación en el mundo. Los que repiten ese estribillo dan cuenta de cómo no se han puesto al día con una sociedad puertorriqueña que se transforma y se reinventa continuamente. Es parte de una mitología que va muriendo.
Para mayor complejidad, debemos añadir el impacto de los terremotos centrados en el sursuroeste de la Isla desde fines de 2019 y de la paralización del archipiélago con la pandemia mundial en lo que va de este terrible 2020. Ambos temas han sido objeto de y merecerán análisis detallados. Ambos han subrayado la continuación de la ineptitud, la politiquería y sobre todo la corrupción legal e ilegal que siguen exhibiendo las elites de ambos partidos del poder. El agotamiento del modelo económico, y la renuencia a abandonar los preceptos del neoliberalismo, los mantienen empantanados en la fórmula de incentivar la inversión extranjera, cada vez más improductivamente; saquear la administración del presupuesto: y lucrarse de las transferencias de fondos estadounidenses, ahora muy atrasados y acumulados por la desconfianza acumulada en la metrópolis.
Todo esto ha disparado el desempleo crónico de acuerdo con el economista José Caraballo Cueto y detuvo un muy breve repunte en 2019:
El 15 de marzo el gobierno local estableció́ un confinamiento inesperado y mal planificado que ha desembocado en que ciento de miles de trabajadores desplazados no pudiesen acceder al seguro por desempleo. Esto suma cerca de 392 mil trabajadores que sumados a los 93 mil que ya estaban desempleados en febrero, daría una tasa de desempleo de aproximadamente 46%. Esta tasa es casi cinco veces mayor al 8.8% observado en febrero.[16]
Adicionalmente, tanto los terremotos como la pandemia han intensificado, madurado y diversificado la solidaridad social de los últimos tres años. Ahora bien, aunque estos han agudizado el desempleo ya señalado, la pandemia parece haber reducido y hasta revertido, quizás de forma transitoria, la tendencia a la emigración. Todo lo dicho nos lleva a la paradoja que señala el título, la dialéctica entre la excepción y la regla.
Todo puede reducirse a lo azaroso de las generalizaciones. Desde el punto de vista del colonialismo, Puerto Rico parece la excepción a una América cada vez más celosa de su soberanía e independencia. Visto desde el impacto del neoliberalismo y la reafirmación hegemónica de los Estados Unidos, las excepciones parecerían ser Cuba y Venezuela, si acaso.
Desde el impacto de los fenómenos meteorológicos y la pandemia, Puerto Rico se presenta excepcional frente a los Estados Unidos y más cerca de América Latina y el Caribe. Y ni hablar de la complejidad reflejada por el auge desigual de la solidaridad social en el hemisferio. Ante todo lo dicho, la imprevisibilidad que la pandemia y el deterioro acelerado del gobierno trumpista en el Norte han añadido al panorama, nos hace pensar en lo azaroso de pretender proyectar el Puerto Rico del futuro próximo. Como se ha dicho en otros casos: el que diga que sabe lo que va a ocurrir, miente.
Un gran signo de interrogación es si, enfrentado a esta situación límite, el país le dará la espalda nuevamente a los procesos electorales como protesta frente a una clase política que le ha fallado. Los optimistas apuestan a una reactivación electoral de los más jóvenes, que se manifestaron en el verano de 2019 en las calles de San Juan y de varios pueblos del archipiélago y del mundo. Habrá que ver para creer.
Lo importante, sin embargo, no es el episodio electoral. Ello tiene sus implicaciones muy reales en términos de la administración pública y los niveles de corrupción. Lo más relevante es, quizás, cómo se van creando núcleos de resistencia a la política tradicional para establecer nuevas capacidades para mostrar empatía social. Es la movilización social para abrir los comedores escolares y evitar el hambre de los más vulnerables. Es la protesta solidaria en contra del racismo imperante en los Estados Unidos. Es la solidaridad social en medio de los huracanes, terremotos y pandemias.
Al final del día parecería que los puertorriqueños dicen: «nos tenemos. Incluso si hay que irse físicamente de Puerto Rico “para respirar”», hay un apego nacional que siempre regresa a las lealtades más profundas de un verdadero patriotismo. Se construye, sobre la base de esa solidaridad social, una nueva promesa para Puerto Rico, una promesa muy lejos de los entrampamientos coloniales que siempre acechan. Hay signos alentadores de su surgimiento en el Puerto Rico del siglo XXI.
[1] «El virus fue productivo», El Nuevo Día, 20 de mayo de 2020, Portada y pp. 4-5. Véase también: Notiuno, «Confirman Juan Maldonado y Robert Rodríguez serán referidos a las autoridades». Disponible en: https://www.notiuno.com/noticias/gobierno-y-politica/el-virus-fue-productivo-revelan-mensajes-de-texto-tras-fallida-compra-pruebas-coronavirus/article_811bb85e-9a84-11ea-ace0-5740013d8125.html
[2] Edwin Melendez, «The Economics of PROMESA», Centro Journal, Vol. 30, Issue 3. Rafael Bernabe, «El régimen de los acreedores y la crisis de la deuda: Aspectos del contexto general y el caso de Puerto Rico (2014-2016)», REVISTA JURÍDICA UPR, Vol. 85, 832-856.
[3] EFE. «El gobernador de Puerto Rico reconoce que la deuda de la isla es “impagable”», 29 junio de 2015. https://www.efe.com/efe/usa/puerto-rico/el-gobernador-de-puerto-rico-reconoce-que-la-deuda-isla-es-impagable/50000110-2651205
[4] La consigna se repitió de innumerables maneras: desde varias campañas publicitarias comerciales y sin fines de lucro hasta cientos de cartelones y piezas de ropa anónimas en las manifestaciones de protesta.
[5] Frances Negrón-Muntaner, «The Emptying Island: Puerto Rican Expulsion in Post-Maria Time», https://hemisphericinstitute.org/en/emisferica-14-1-expulsion/14-1-essays/the-emptying-island-puerto-rican-expulsion-in-post-maria-time.html. Véase también la entrevista a Frances Negrón Muntaner en Radio Universidad de Puerto Rico (WRTU), muy reveladora de este contexto: https://www.mixcloud.com/radioupr/la-isla-que-se-vac%C3%ADa-conversaci%C3%B3n-con-frances-negr%C3%B3n-muntaner-200211/.
[6] Alfonso Fernández, «El huracán María causó en Puerto Rico 4 645 muertos, no los 64 “oficiales”», https://www.paralanaturaleza.org/el-huracan-maria-causo-en-puerto-rico-4-645-muertos-no-los-64-oficiales/.
[7] Yara Maite Colón Rodríguez y Luz Marie Rodríguez López, «(O)ponerse donde sea: Escenarios combativos de la indignación», 80 Grados, 16 de agosto de 2019. http://www.80grados.net/candidaturas-independientes-o-nuevos-movimientos/.
[8] Jürgen Habermas, «El concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos» Diánoia, volumen LV, número 64 (mayo 2010): pp. 3–25. Es un principio directivo de la Constitución de Puerto Rico y es elemento central de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Organización de Naciones Unidas en 1948.
[9] Las muestras de nacionalismo cultural desplegadas en esta ocasión, por medio del despliegue de las banderas monoestrelladas, estuvieron acompañada en ocasiones por símbolos multicolores de las banderas de la comunidad LGTTBQ y de pancartas alusivas a la crisis fiscal o a demandas de diversos movimientos como el de las feministas. No se manifestó aquí, de ningún modo, un nacionalismo excluyente.
[10] Boaventura de Sousa Santos, Derechos humanos, democracia y desarrollo, Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 2014. Sobre el posible desarrollo de un movimiento desafiante de las tendencias neoliberales en curso ver: Carlos Pabón, «Cómo gobierna el neoliberalismo: subjetividad y sentido común», 80 grados, 1ro. de marzo de 2019. http://www.80grados.net/como-gobierna-el-neoliberalismo-subjetividad-y-sentido-comun/
[11] Félix Córdova Iturregui, «Un verano singular: la democracia en la calle», Red Betances,
http://www.redbetances.com/component/content/article/51-en-portada/3354-2019-08-25-22-24-15.html. El nombre del Gobernador electo es Ricardo Rosselló Nevares, pero es conocido como Ricky.
[12] Ello ha provocado una mirada prometedora en los Estados Unidos sobre el problema nacional de auto determinación de Puerto Rico. Ver: Erin Cohan, «The Time Has Come for Progressives to Support Self-Determination for Puerto Rico», https://www.americanprogress.org/issues/democracy/news/2019/08/14/472857/time-come-progressives-support-self-determination-puerto-rico/.
[13] Yaritza Rivera Clemente, «Revelan cargos contra Ávila, Keleher y otros cuatro acusados», El Vocero, 10 de julio de 2019, Ver: https://www.elvocero.com/ley-y-orden/revelan-cargos-contra-vila-keleher-y-otros-cuatro-acusados/article_7e695a56-a31a-11e9-8f3e-3f833493e5b6.html.
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