Estimado embajador de México en Cuba,
distinguidos invitados, compañeras y compañeros.
Nos congregamos hoy al pie de esta estatua de Benito Juárez en La Habana. En el aniversario 220 de su nacimiento, su figura nos convoca a reconocer la vigencia de un pensamiento que forma parte del núcleo mismo de las mejores ideas emancipatorias de Nuestra América.
Juárez fue un hijo del pueblo zapoteco. Aquel niño de San Pablo Guelatao, Oaxaca, llevó en la frente la dignidad de sus ancestros y desde la primera magistratura levantó la voz para desmontar estructuras que mantenían en la postergación a las mayorías. Su legado es fundamental para entender la historia de México en el medio siglo posterior a la independencia, pero sus aportes trascienden las fronteras nacionales y se inscriben por derecho propio en la tradición revolucionaria latinoamericana del siglo XIX.
Quienes trabajamos para visibilizar las luchas y los saberes de los pueblos indígenas sabemos que la figura de Juárez va más allá del símbolo institucional. Las imágenes oficiales han tendido a alejarlo de su realidad para colocarlo en otra que muchas veces combatió, como si quisieran que no se le viera como indígena para que pudiera representar a la nación. Sin embargo, existen elementos para forjarse otra imagen del indígena que unificó a México para defenderlo ante la agresión imperialista. Uno de ellos es su reconocimiento explícito de su ser indígena, claramente expresado en sus memorias, que él mismo tituló Apuntes para mis hijos. Otro lo constituyen las condiciones en que estudió para forjar su futuro, trabajando en casa ajena a cambio de sustento y techo. Pero quizá el hecho que más lo revela en sus años juveniles es su intervención como abogado postulante defendiendo al pueblo de los loxichas contra las arbitrariedades del cura, decisión que lo llevó a pisar la cárcel sin que por eso abandonara el caso.
“Su legado es fundamental para entender la historia de México en el medio siglo posterior a la independencia, pero sus aportes trascienden las fronteras nacionales y se inscriben por derecho propio en la tradición revolucionaria latinoamericana del siglo XIX”.
No hay nación soberana sin justicia social, ni democracia real sin el reconocimiento pleno de los pueblos originarios como sujetos históricos y como actores del presente. A 220 años del nacimiento del prócer, las preguntas que él formuló siguen abiertas: ¿cómo lograr que las culturas milenarias, con sus saberes sobre la tierra, el agua, la comunidad y la palabra, dejen de ser folclor para convertirse en ejes de un nuevo pacto civilizatorio? ¿Cómo hacer frente al acaparamiento de tierras, a la criminalización de la defensa del ambiente, a la imposición de modelos extractivistas que borran memorias enteras? ¿Cómo garantizar que las lenguas originarias no se sequen en el desierto de la homogeneización cultural?
En la Casa de las Américas hemos asumido esta perspectiva como un compromiso cotidiano. Las voces indígenas deben ser escuchadas y han ido conquistando espacios antes negados; la presencia de líderes y artistas de los más diversos pueblos entre nosotros ha permitido tejer nuevos puentes entre nuestras islas y el continente que preferimos nombrar Abya Yala.
En Cuba, ese compromiso con la justicia racial y la descolonización cultural ha encontrado expresión en políticas públicas concretas. El Programa Nacional para enfrentar el racismo y la discriminación racial “Color Cubano” y el Programa Nacional para enfrentar la colonización cultural constituyen herramientas fundamentales para desmontar los legados coloniales que aún persisten en nuestras sociedades. Son iniciativas que, conectadas a una tradición que incluye las Leyes de Reforma impulsadas por Juárez, buscan desatar los nudos históricos que han mantenido subordinadas a las mayorías y afirman la soberanía cultural como parte indisociable de la soberanía nacional.
La defensa de la diversidad cultural es inseparable de la defensa de la soberanía. Juárez encarnó esa unidad en la historia de México. Forjó su destino con base en su propio esfuerzo: todavía estudiante de leyes en el Instituto de Ciencias y Artes ocupó la cátedra de Física; en 1830 concluyó sus estudios de jurisprudencia y ese mismo año fue electo regidor del ayuntamiento de la capital; en 1834 presentó su examen profesional y días después fue nombrado magistrado interino de la Corte de Justicia del Estado. En 1847, como gobernador interino de Oaxaca, propuso al año siguiente reconocer las repúblicas de indios —una suerte de municipios indígenas— y su derecho a elegir a sus autoridades con sus propias normas, convencido de que ello no era ajeno al federalismo, sino que lo fortalecía.
“Mientras el imperio intenta aislarnos, la mano de México sigue extendida; mientras pretenden cercarnos, la voz de México se alza junto a la nuestra”.
No pocas veces la historiografía burguesa lo ha hecho blanco de lecturas profundamente racistas, subrayando con obvio interés malsano acciones que lo enfrentaban directamente a los pueblos indígenas. Pero lo cierto es que la ley de desamortización no la impulsó él, sino Miguel Lerdo de Tejada —por eso se le conoce como Ley Lerdo—. Cuando sus disposiciones se incorporaron a la Constitución de 1857, Juárez era gobernador de Oaxaca y solicitó autorización para que la división de las tierras comunales y su adjudicación se realizara entre los miembros de las comunidades. No se le concedió. Con esa experiencia, al aprobarse la nueva Constitución del estado de Oaxaca, propuso que los ayuntamientos administraran los bienes comunales, salvando así las tierras de los pueblos de ir a parar a manos ajenas. Como presidente de la República, flexibilizó la aplicación de la Ley Lerdo y en muchos casos actuó contra ella, dotando a los pueblos de tierras comunales para resolver conflictos o evitar despojos: así ocurrió en Janos, Paso del Norte, San Carlos, Coyamé, Carrizal, Namiquipa, Guadalupe de Bravos y Repechique, en Chihuahua; Álamos, en Sonora; y Tlaltenango, Sicacalco y Tocatic, en Zacatecas.
Juárez dirigió la heroica epopeya frente a las pretensiones intervencionistas foráneas y al intento imperial de imponer un emperador funcional a los intereses de Napoleón III, que ya había expandido el poder de Francia sobre Argelia e Indochina. En su resistencia, el oaxaqueño afirmó el principio de que la soberanía de los pueblos no se negocia. Se convirtió así no solo en el símbolo de la Reforma, sino de la fuerza y el valor de la nacionalidad mexicana frente al invasor.
José Martí, que supo leer en Juárez esa estatura moral, lo definió con precisión: “Benito Juárez, el indio puro, el presidente honrado, el hombre cuya autoridad crecía porque no la usaba en provecho propio, sino en amparo de los demás; el que no tuvo en su vida un instante de flaqueza, ni una mancha en su nombre, ni un peso mal habido en su mano”. Esas palabras trazan un perfil ético que aún nos interpela: la honestidad como forma de gobierno, la firmeza como servicio.
En esta misma ciudad, Juárez dejó una huella concreta. El 29 de diciembre de 1853, fue escoltado desde San Juan de Ulúa hasta un buque inglés y llegó al puerto habanero, iniciando así el camino del exilio impuesto por Santa Anna. Su breve estancia en Cuba forma parte de la geografía del destierro que tantos patriotas americanos conocieron y nos permite reclamarlo también como un poco nuestro.
Más de un siglo después, la Revolución Cubana inscribió su nombre en el linaje de las luchas emancipadoras. En 1960, la Primera Declaración de La Habana —manifiesto fundacional ante la agresión imperial— recogió el nombre de Juárez junto a los grandes próceres de Nuestra América. Allí Fidel Castro afirmó: “Que sepan los pueblos de América, que sepan los yanquis, que Cuba no estará sola; que hay en el mundo un pueblo que la acompaña: el pueblo de México, con su gesto heroico ante el ladrón de las ideas de Bolívar, de Juárez, de Martí”.
“…la unidad de Nuestra América se forja en el respeto a su diversidad, en la defensa de su soberanía y en la apuesta inclaudicable por la justicia”.
Hoy, cuando el gobierno de los Estados Unidos recrudece el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba e impone un cerco energético para asfixiarnos, la solidaridad histórica de México adquiere una trascendencia mayor. México ha defendido sin titubeos el derecho de nuestra nación a decidir su propio destino, ha rechazado las medidas coercitivas unilaterales y ha tendido la mano fraterna en los momentos más difíciles. En cada votación en Naciones Unidas, en cada gesto de cooperación, en cada pronunciamiento contra el bloqueo, México honra el legado de Juárez: el respeto a la soberanía como piedra angular de las relaciones entre los pueblos.
Frente a la estatua del hombre que hoy nos congrega, agradecemos esa solidaridad incondicional. No es un agradecimiento protocolario, sino el reconocimiento a una hermandad probada en la adversidad. Mientras el imperio intenta aislarnos, la mano de México sigue extendida; mientras pretenden cercarnos, la voz de México se alza junto a la nuestra. Esa es la fuerza de Nuestra América: la que Juárez y Martí soñaron, la que sigue resistiendo y construyendo.
Por todo ello es importante pedir que esta estatua no sea un monumento inmóvil, sino un llamado permanente a la acción descolonizadora. Que su presencia en La Habana nos recuerde que la unidad de Nuestra América se forja en el respeto a su diversidad, en la defensa de su soberanía y en la apuesta inclaudicable por la justicia.
Muchas gracias.

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