“Estados Unidos debe levantar las sanciones unilaterales impuestas a Cuba, las cuales están causando efectos significativos en todos los aspectos de la vida en la isla”, afirmó hoy la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan.

“Durante más de 60 años, Estados Unidos ha mantenido un amplio régimen de restricciones económicas, comerciales y financieras contra Cuba, la política de sanciones unilaterales más prolongada en las relaciones exteriores estadounidenses”, dijo Douhan en una declaración preliminar para finalizar una visita oficial al país.

“Como resultado de este régimen de sanciones, generaciones de cubanos han vivido bajo medidas unilaterales coercitivas, que han moldeado el panorama económico y social del país”.

Douhan escuchó testimonios indicando que las restricciones se han endurecido progresivamente desde 2018, con medidas adicionales sobre las sanciones existentes y una intensificación significativa en 2021, tras la redesignación de Cuba en la lista estadounidense de Estados Patrocinadores del Terrorismo.

Estas y muchas otras restricciones, agravadas por políticas de sobrerregulación por parte de terceros, limitan la capacidad tanto del Gobierno como de las y los ciudadanos para planificar a largo plazo y están asfixiando el tejido social de la sociedad cubana.

Pese al amplio apoyo expresado de manera constante a la resolución de la Asamblea General de la ONU “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, y su solicitud inequívoca de poner fin al bloqueo, las medidas no solo siguen vigentes, sino que sus impactos están siendo intensificados por Estados Unidos, señaló la experta.

“…generaciones de cubanos han vivido bajo medidas unilaterales coercitivas, que han moldeado el panorama económico y social del país”. Ilustración: Martirena/Adelante

“La escasez de maquinaria esencial, repuestos, electricidad, agua, combustible, alimentos y

medicinas, junto con la creciente emigración de trabajadores calificados —incluido personal médico, ingenieros y profesores—, tiene graves consecuencias para el disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la salud y el desarrollo”, afirmó.

Las iniciativas sociales y económicas se ven con frecuencia interrumpidas por cancelaciones repentinas, trabas administrativas e incertidumbre. Los procesos de adquisición de materias se vuelven largos e impredecibles, con cancelaciones de último minuto que elevan los costos, retrasan la asistencia e impiden la implementación de proyectos.

Douhan también señaló que la imprevisibilidad de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y las elevadas multas impuestas a quienes las eluden generan reticencia entre empresas extranjeras. Incluso cuando existen licencias y exenciones, los inversores siguen siendo cautelosos a la hora de comprometerse con proyectos a largo plazo debido a la posibilidad de nuevos cambios en la política estadounidense.

Para evaluar completamente la situación, Douhan se reunió con una amplia gama de actores, incluidos funcionarios gubernamentales, diplomáticos, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, representantes religiosos, integrantes del mundo académico, personal médico y representantes del sector privado. También recibió un número récord de contribuciones sobre la visita que formarán parte del informe.

“Hago un llamado a todos los Estados a respetar los principios y normas del derecho internacional y a garantizar que las consideraciones humanitarias sean plenamente respetadas, basadas en los principios de respeto mutuo, solidaridad, cooperación y multilateralismo”, dijo la Relatora Especial.

Un informe sobre la visita, que incluirá sus conclusiones y recomendaciones será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2026.